Razonabilidad con el sector privado

Sería interesante que la lógica empresarial, razonable y moderada, del vicepresidente Álvaro García Linera, pudiera ser traspasada al sector privado boliviano. Cuando se trata de analizar el comportamiento de las empresas estatales, el Vicepresidente es muy sensato y prudente; sin embargo, cuando tiene que referirse al sector privado es implacable y mordaz. El tema viene a cuento tras las declaraciones de García Linera sobre la forma cómo se administrará la empresa Senatex, heredera de la quebrada Enatex, la empresa estatal de textiles (que no demostró eficiencia ni productividad alguna). Según lo declarado, el Gobierno ha resuelto que Senatex no ingrese directamente a la Ley General del Trabajo hasta que la compañía \"genere utilidades”. Tener que cumplir con las leyes laborales, ha admitido el Vicepresidente, generaría tantas dificultades que podría poner a la empresa en riesgo. Para ello, ha señalado, primero deben asegurarse los mercados y la producción, y recién cumplir con la ley. Este privilegio es el que el Gobierno no le concede a los sectores privados. Lo que señala el Vicepresidente es lógico, decimos, pero se le niega al mundo empresarial, que genera el 90% de los empleos bolivianos, si no más. Empresas privadas bolivianas, que recién están empezando, no pueden gozar de ese beneficio y, desde el primer día deben cumplir con todos los pesados requisitos de la ley, por ejemplo tener al 100% del personal de manera formal; no se le da plazo a las empresas privadas a que consoliden sus mercados y tampoco su producción antes de pasar a cumplir con todos los requisitos legales. Según el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, la empresa Senatex -que se creó con el Decreto Supremo 2765 que establece el cierre de Enatex- no será una empresa sino prestará servicios tecnológicos. \"Senatex no es una empresa, sino una institución tecnológica; Senatex va a funcionar de acuerdo a sus necesidades, dos meses, tres meses, cerrará cuatro meses, podrá reabrir otros seis meses y de acuerdo a eso va a necesitar personal y hoy en día no necesita más de 30 trabajadores que ya están contratados”, explicó. Según esta autoridad en dos o tres años Senatex podría alcanzar su rendimiento óptimo y podría ocupar al menos 1.000 trabajadores, \"pero eso es a futuro”. No es que sea de principio una mala idea lo propuesto por estas autoridades, como una salida provisional para el conflicto creado por el cierra de Enatex. El tema que nos ocupa en esta oportunidad es analizar que lo que señalan tanto el Vicepresidente como el Ministro de Trabajo es una clara admisión de discriminación del Estado con el sector privado. Las características y condiciones que se proponen debieran ser tan válidas para una empresa pública como para una privada. Sin embargo, al sector privado se lo presiona con exigencia impositivas, se lo presiona con leyes, se lo asfixia con dobles aguinaldos, se lo extorsiona con cobros irregulares, etc. Esa presión sobre el mundo privado formal -que es generador del 22% del empleo formal- lo que hace es alentar todavía más la informalidad. De hecho, casi el 80% de la economía boliviana funciona sin pago de vacaciones, con contratos temporales y sin derecho a beneficios en caso de despido. Está comprobado por estudios internacionales que en países en vías de desarrollo, mientras más estrictas son las normas del trabajo, más propensión existe hacia la informalidad y, por lo tanto, más desprotegidos están los obreros y empleados. Paradójicamente, lo que hace el Gobierno endureciendo la legislación laboral contra el sector privado, menos favorece a los trabajadores. Por otro lado, la creación de empleo temporales es una solución de corto plazo. De hecho, esta ha sido la respuesta que ha dado la COB cuando se ha tratado el tema Senatex. El ejecutivo de los trabajadores señaló que al ofrecer trabajos temporales el futuro de los obreros desocupados es incierto y que esa propuesta no es nada seria, por lo que la COB no puede aceptarla.

FUENTE: PAGINA 7 (18-10-2016)